Este jueves, 22 de marzo, Día Internacional por el Agua, realizó su última etapa la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. Desde Guamaní, donde habían llegado el día anterior, la Marcha recorrió la ciudad de Quito, siendo aplaudidos por su paso por la población local, que se unió a la Marcha en distintos sectores de la ciudad. A su vez, desde el norte, se encontraba una segunda marcha, con los pueblos indígenas y organizaciones sociales llegados de las provincias y localidades del norte: de las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi.
Alrededor de las 14h, las dos marchas confluyeron en el céntrico parque de El Arbolito, donde llegaron decenas de miles de ecuatorianas y ecuatorianos, de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, personas de la capital y organizaciones sociales ecuatorianas. Allí, tuvieron lugar las intervenciones de los líderes de la CONAIE y la ECUARUNARI, Humberto Cholango y Delfín Tenesaca.
Posteriormente, representantes de la Marcha intentaron acceder a la Asamblea Nacional, para entregar un listado de demandas de 19 puntos sobre los que se sustentaba la movilización, entre los que se encuentran el rechazo a la minería a gran escala, en concordancia con el Mandato Minero aprobado en la Constitución, que prohíbe las nuevas concesiones mineras, o la derogación de la 11ª ronda petrolera que busca licitar la mitad sur de la Amazonía ecuatoriana, así como la aprobación de la Ley de Aguas, de Tierras y Territorios, o el rechazo a la criminalización de la protesta social.
Pese a que inicialmente la policía impidió el ingreso a la Asamblea, su presidente, Fernando Cordero, del partido Alianza País, al que pertenece el presidente Rafael Correa, accedió a reunirse con la dirigencia de la Marcha, con lo que se abre un proceso de diálogo.
La Marcha ha conseguido gran parte de sus fines: en primer lugar, posicionar el debate minero en la actualidad política del país, generalizándose por parte de la ciudadanía ecuatoriana el rechazo a la minería a gran escala; por otra parte, reivindica la movilización social y desactiva el miedo impuesto por la campaña de criminalización de líderes sociales, y por último, revitaliza la capacidad de movilización de los sectores sociales y del movimiento indígena.
También ha sido evidente, que no se ha tratado de una marcha para desestabilizar la democracia, como se acusaba desde el ejecutivo, sino que se ha tratado de una movilización popular, que precisamente reivindica la vigencia plena de la Constitución de Ecuador.
También ha sido evidente, que no se ha tratado de una marcha para desestabilizar la democracia, como se acusaba desde el ejecutivo, sino que se ha tratado de una movilización popular, que precisamente reivindica la vigencia plena de la Constitución de Ecuador.
Los 19 puntos exigidos por la dirigencia indígena y social al Gobierno son:
- Plena vigencia de la Constitución.
- No a la minería a gran escala.
- No ampliación de la frontera petrolera.
- No a los megas proyectos hidroeléctricos y multipropósito.
- Aprobación de la Ley de Aguas.
- Aprobación de la ley de Tierras y Territorios
- No firma de acuerdos de libre comercio.
- Protección efectiva de las economías populares y campesinas frente a los impuestos.
- Reconocimiento del transporte comunitario.
- Protección y fortalecimiento del IESS.
- Respeto a los derechos laborales.
- Respeto y garantía del derecho a la educación.
- Respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual.
- Democracia de la comunicación.
- No a la crimanilización de la protesta social.
- Cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y prelegislativa.
- Respeto a las funciones jurisdiccionales de la administración de justicia indígena.
- Inmediata restitución de las instituciones indígenas.
- Cese inmediato a los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes de pueblos, nacionalidades y movimientos sociales, por parte del Gobierno.
